Casar vs Corcuera: Sobre la responsabilidad del Estado en Ayotzinapa

Ahora que se plantea una reforma al Estado de Derecho en México, conviene profundizar en un punto, a mi juicio, nodal. En días recientes surgió un debate entre María Amparo Casar y Santiago Corcuera en torno a la responsabilidad del Estado por los terribles hechos de Ayotzinapa. Casar sostiene que si bien podría haber responsabilidad de varios órganos y niveles del Estado, éste no es un crimen de Estado. Por su parte, Corcuera dice que sí lo es. El debate no continuó entre ellos, pero puso dos temas en la mesa: La responsabilidad del Estado y la concepción del mismo. Esto es muy relevante, porque los hechos de Ayotzinapa son atroces, y atrás de ellos hay miles de personas sufriendo e indignadas. Lo primero que tenemos que hacer para encontrar una solución adecuada es diagnosticar bien el problema y eso pasa por nombrarlo correctamente. Éste es tan sólo el punto de partida.

Casar alegaba que si bien puede imputarse responsabilidad a varios eslabones de la cadena de mando, empezando, obviamente desde lo local, y hasta, en su caso, algún tipo de responsabilidad a nivel federal –además de la obvia responsabilidad de los sicarios de Guerreros Unidos-; no podría válidamente hablarse de un crimen de Estado como tal. Éste requeriría de una acción sistemática e indiscriminada de violencia del aparato estatal en contra de la población bajo el manto de un discurso legitimador.  (Excélsior, 12 de noviembre

Corcuera, por su parte, invocó el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que establece en qué casos de desaparición forzada habrá responsabilidad del Estado. Me temo que Corcuera se equivoca: En ningún lugar de la Convención (ni en ningún otro tratado) se define qué es un crimen de Estado (ver el excelente artículo en Nexos de Alonso Madrazo. Responsabilidad del Estado y crimen de Estado son cuestiones muy distintas, la primera sí lo define la Convención y podría aplicar en el caso de Guerrero; lo segundo, no.

Además, el razonamiento de Corcuera destila algo parecido a una falacia. En el argot de la argumentación jurídica se habla de la falacia normativista cuando alguien cree que mediante la promulgación de una norma o ley se cambiará la realidad (de hecho, algo así ha invocado la propia Casar al hablar del fetichismo constitucional). Pues el argumento de Corcuera parece ser una falacia prima hermana de la anterior: Corcuera cree que una norma jurídica puede explicar un fenómeno tan complejo como el de Ayotzinapa.  Casar lo que intenta en su artículo es desmenuzar el problema con miras a su comprensión: Habla de lo que pasó a nivel local, estatal y federal, reparte responsabilidades en todos los niveles, y después de este proceso explicativo concluye diciendo que no es un crimen de Estado. Casar nunca insinúa que no pueda haber responsabilidad estatal, sino todo lo contrario.

Corcuera lo hace al revés, como buen abogado que es, encuentra una norma y la aplica a la realidad, esperando que la realidad se adapte a lo que dice la norma. Pero este tipo de razonamiento -además de ser incorrecto por lo que ya mencionamos (no existe en la declaración el tipo de crimen de Estado)- se queda corto para explicar lo sucedido. Si la respuesta iba dirigida al artículo de Casar, entonces hay que responder a todo el argumento y en el mismo tono. Corcuera se escuda en el típico argumento de los abogados: Él responde desde punto “estrictamente jurídico” y así simplifica en extremo el problema.

Y peor aún, denomina crimen de Estado a un problema que no es estrictamente jurídico, sino también político, moral y social. Para muestra un botón: Corcuera revira a Casar con un argumento típicamente leguleyo: “La definición que usted  proporciona de crimen de Estado, no es una definición jurídica. Provendrá tal vez de la “ciencia política” o de otra disciplina, pero no de la ciencia jurídica”. Esto me parece confusión seria. El derecho no es una esfera incólume e impermeable de las demás ramas del conocimiento. Es más, el derecho simplemente no se entiende sin ellas.

(#FueElEstado. Respuesta de Santiago Corcuera a María )

Por último, el razonamiento de Casar abre una puerta a un problema muy serio sobre el que debemos de reflexionar. Los abogados, como Corcuera, y algunos politólogos tienen un imagen de un Estado monolítica, por demás vetusta y anacrónica. Siguen rezando la fórmula de Weber que definió al Estado como ese gran detentador del monopolio de la fuerza. Pero esto no es así. Joel S. Migdal ha puesto el dedo en la llaga desde hace tiempo y, a través de su trabajo, ha mostrado como el Estado es un campo de poder marcado por el uso y la amenaza de la violencia y por las prácticas reales de sus múltiples partes.

Es decir, el Estado es parte de la sociedad –no un ente separado- en donde diversos agentes (incluyendo los criminales) compiten por establecer su propio orden. En esa competencia, lo ideal, es que gane el Estado; pero eso, a veces, simplemente no sucede: Como lo hemos visto en nuestro país en los últimos años.

En suma: ¿Hubo un crimen de Estado? Definitivamente, no. Llamar así a lo sucedido de nada sirve para lo que necesitamos hoy, que es, precisamente: entender qué pasó, por qué el Estado se vio rebasado de tal manera, y qué se debe hacer. Esto requiere un diagnóstico correcto de la nueva conflictividad y de una nueva concepción de lo estatal, como la de Migdal. Así empezaríamos a darle a los problemas algo fundamental: Un nombre correcto. Este es el primer paso para la solución, porque, como bien dice Casar: Con las palabras no se debe jugar.

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