Un nuevo Derecho

Después de una estancia en el extranjero regresé a México y me encuentro con una realidad jurídica distinta. Sí: Cambió el Derecho –así con mayúscula–. No quiero decir que sólo se ha reformado la Constitución de forma muy importante, sino que la forma de entender el Derecho en México –la concepción del mismo– ha empezado a transmutar en algo que todavía no logramos vislumbrar. Detecto tres grandes cambios: La forma de entender la Constitución, la manera de argumentar, y la forma de enseñar el Derecho. Todos estos cambios están de relacionados. Veamos.

Hoy en día resulta de Perogrullo decir que la Constitución es toda normativa. Es decir, que cada uno de los enunciados que la componen tienen un sentido de obligatoriedad y vinculación respecto a autoridades y gobernados. Atrás quedó la idea de que existían porciones constitucionales “programáticas” o retóricas: Hoy todas pueden válidamente usarse como premisas en el razonamiento jurídico. Desde los derechos sociales –vivienda, educación, medio ambiente, etcétera– hasta las normas que regulan el proceso legislativo, los principios que rigen las licitaciones públicas, o las asignaciones presupuestales, deben acatarse y están sujetos al escrutinio constitucional.

Lo anterior -la normatividad de la Constitución- ha obligado a legisladores, jueces y abogados, en lo general, a sofisticar la manera en que abordan argumentativamente los problemas jurídicos. Ya no basta encontrar la norma aplicable a un caso, sino que ante la complejidad de éstos deben de darse razones adicionales del por qué su aplicación resulta adecuada, razonable y coherente con el sistema jurídico en su conjunto. Además, la Constitución está colmada de derechos fundamentales cuyas condiciones de aplicación no están totalmente definidas, y que entran en pugna con otros derechos también protegidos –el derecho a la manifestación y la libertad de tránsito, por ejemplo–.

Esto conlleva que muchas veces el juez tenga que decidir cuál derecho cobra preeminencia sobre otro. Así, para que la decisión del juez no caiga en el campo de la arbitrariedad deben explicitarse una serie de razones –es decir, realizar un ejercicio argumentativo– que garanticen que su decisión sea la correcta. Es evidente que la dimensión argumentativa del Derecho, hoy en día, es fundamental.

Todo esto trae un profundo cambio en la forma de enseñar el Derecho. Muchos de nosotros estudiamos bajo un modelo en donde se privilegiaba la memoria de los códigos y de las leyes. Bastaba con saber navegar en ése turbulento océano para obtener buenos resultados. Hoy, aunque es necesario saber qué dice la ley, ya no es suficiente. Lo que debe ser el eje de la educación jurídica es la formación de habilidades. Éstas son diversas: desde redactar clara y concisamente, utilizar herramientas de la lógica clásica, hasta el dominio de muchos conceptos de las teorías de la argumentación y de la interpretación contemporáneas. Así un horizonte distinto se le presentará al estudiante y podrá entender algo fundamental: Que el Derecho no es una disciplina aislada, sino que en su textura convergen elementos de economía, política pública, sociología, psicología, epistemología, etcétera.

Lo interesante es que la única manera de ver estas conexiones y poder operar con ellas es a través de un lente filosófico. Porque la filosofía del derecho es la disciplina que integra las materias –teoría del derecho, argumentación y teoría de la justicia– que permiten ver el bosque y no sólo los árboles del universo de lo jurídico. Por esto me resulta inconcebible cuando alguien dice que la filosofía no tiene consecuencias prácticas. Al contrario, la práctica del Derecho no se entiende sin la filosofía y la teoría.

Facebook Comments