El ideal de Estado de derecho

El Ministro de la Corte, José Ramón Cossío, publicó un ensayo en el libro “¿Y ahora qué? México ante el 2018”. El título del mismo condensa buena parte de su contenido: “Fracturas legales. Contradicciones del Estado de Derecho Mexicano”. Su tesis central es que México no tiene un Estado de Derecho. Éste es un ideal a alcanzar por el orden jurídico y el mexicano no cumple con las condiciones de satisfacción del mismo. Llama especialmente mi atención una de las condiciones que propone Cossío: que el sistema normativo siga un paradigma –una ideología- que dote de materialidad al conjunto legal. Es decir, que el orden jurídico se inscriba en una determinada ideología –liberal, socialista, etcétera- para así poder dotar de sentido a las normas y las acciones que deriven del propio sistema. Sin embargo, él mismo a acepta que “el signo de los tiempos es la mezcla de posiciones liberales, sociales y democráticas. Lo que puede encontrarse, con las dificultades que ello supone, es una narrativa que dé grados de orden y jerarquización a nuestra mezcla de paradigmas”. Es decir, ante la dificultad de que una ideología dote de contenido al orden jurídico, lo que queda es construir una narrativa para el mismo. ¿Será posible tener una narrativa sin una identidad ideológica?

El reto que lanza Cossío es acaso el reto más complejo que tiene nuestro orden jurídico. Al decir que lo que necesitamos es una narrativa, lo que entiendo es que necesitamos un conjunto de concepciones compartidas que den coherencia a la lectura que se haga de nuestro orden jurídico, empezando por el texto constitucional, es decir, una especie de lectura compartida de la misma de corte no excluyente.

Nuestra Constitución está plagada de normas que devienen de distintas tradiciones de pensamiento. Pensemos en la diferencia entre una lectura del 27 constitucional (de corte social) y la que debemos dar al articulo siguiente, el 28, (de corte más liberal). Si entiendo bien, lo que propone Cossío es que podamos construir una narrativa que nos permita jerarquizar entre los valores contrapuestos de nuestro orden constitucional. Me parece muy bien. Pero sin ideología no veo cómo es esto posible. Cossío dice que fórmulas que denominan a algún Estado como “Estado constitucional” o “Estado social y democrático de derecho” sirven para construir un discurso que permita operar y ordenar el sistema jurídico. Entiendo que éstas fórmulas pueden dar algunas coordenadas al discurso, pero el discurso completo precisa de una ideología y ésta es, necesariamente, excluyente. De un “Estado social” se esperan interpretaciones más igualitarias que de un “Estado constitucional” a secas. Pero aún así, cada uno de los intérpretes de la Constitución leerán el texto constitucional de acuerdo a sus concepciones. El ejemplo más claro lo tenemos en nuestra Suprema Corte donde están claramente identificados los ministros conservadores y los liberales, de unos y otros se sabe de antemano cómo votaran en casos difíciles (matrimonio igualitario, autonomía de la mujer sobre su cuerpo, eutanasia, etcétera). En estos casos, no hay, ni creo que pueda crearse, una narrativa que pueda ordenar los valores que se contraponen en el texto constitucional.

Ante esto, ¿qué queda? Ver el problema desde otro ángulo: todo empieza con la carencia ideológica de los partidos. Hace mucho que los partidos (no todos, no siempre) se han tornado en meros vehículos políticos que sólo tienen intereses y luchas por algunas causas. Si los partidos son los que conforman los grupos parlamentarios, y éstos son los que definen las líneas legislativas y, además, la elección de los ministros de la Corte, la carencia ideológica corre a través de todo este proceso. Se insertarán normas en el orden jurídico que no guarden coherencia con las demás y se interpretarán de forma variopinta de acuerdo con el perfil del ministro que haya llegado a máximo tribunal del país. Si hubiera identidad ideológica…

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