La Suprema Corte y la constitucionalidad de la Constitución de la CDMX (I)

Artículo completo originalmente publicado en NEXOS

Esta semana empezó a discutirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el segundo grupo de impugnaciones que se presentaron en contra de la nueva Constitución política de la Ciudad de México (CPCDMX).1 Recordemos que dos partidos políticos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron sendas impugnaciones a la misma. El tema se va a discutir por el Pleno de la Corte a lo largo de algunas semanas. Esta es la primera, de una serie de especie de crónicas, que busca registrar este debate y; por supuesto, también ofrecer una dosis de análisis del mismo.

El ministro ponente de este asunto es Javier Laynez y el lunes comenzó con la exposición de su proyecto. Esta semana se discutieron dos paquetes –por así decirlo- de impugnaciones. La primera tuvo como objeto la “Carta de derechos” de la CPCDMX y lo que impugnó la PGR fue una cuestión que se enuncia rápidamente, pero nada trivial: ¿tuvo competencia el Constituyente de la Ciudad de México para establecer un catálogo local en derechos humanos? ¿Tenía facultades para ampliar los ya reconocidos por la Constitución federal? y, más aún, ¿se podrían crear nuevos derechos? En la segunda discusión los ministros entraron a dilucidar la constitucionalidad de algunos artículos de la CPCDMX.

Digo que la primera discusión parecería trivial porque para muchos juristas la respuesta sería obvia: sí. Uno de los principios del constitucionalismo moderno es que los derechos fundamentales tienen una fisionomía expansiva, es decir, cualquier autoridad podría, en principio, desarrollar su contenido. Más aún, varios no dudarían en decir que también podría crear nuevos derechos. Pero una cosa es decir esto de forma pedagógica y otra es justificar este postulado en sede jurisdiccional. Esto fue lo que hizo la Corte.

Empecemos por la conclusión: la mayoría de los ministros concluyeron que sí, en efecto, el Constituyente de la CDMX tenía facultades para legislar sobre derechos humanos, desarrollarlos e, incluso, crear nuevos derechos.2

El proyecto del Ministro Laynez argumentaba que la facultad del Constituyente derivó – y deriva para las demás autoridades- de que los derechos humanos se expresan constitucionalmente –en su mayoría- en forma de principios. Es decir, como normas cuyas condiciones de aplicación son abiertas. Y no como reglas, cuyas condiciones de aplicación se encuentran más delimitadas y se pueden reducir a la forma lógica de supuesto normativo y consecuencia jurídica. Al tener esta textura –de principios- los derechos humanos precisan de un ejercicio legislativo posterior para su concreción y desarrollo. Por tanto, sería la propia irradiación de las normas de derechos humanos –de su contenido- lo que faculta a las autoridades a legislar sobre estos. Lo anterior se fundamenta en el artículo primero constitucional que establece el rango de los mismos y su jerarquía respecto al orden jurídico mexicano.

Después apareció otra postura que puso un tema central en la discusión. El ministro Cossío intervino y expresó que para responder si estaba facultado el Constituyente se debía analizar, primero, su esquema normativo competencial. Según Cossío, el proyecto aborda la cuestión planteada con una metodología defectuosa ya que la pregunta planteada a la Corte por la PGR hace referencia a una pregunta competencial, de forma, y no directiva o material. El orden de los factores, en este caso, sí altera el producto. En otras palabras: es cierto que las autoridades deben promover y desarrollar el contenido material de los derechos humanos que conforman el parámetro de control constitucional, pero siempre y cuando estén facultadas competencialmente para ello.

Por tanto, son dos temas distintos: una cosa es que el Constituyente de la CDMX sí esté facultado para legislar sobre derechos humanos, otra muy distinta es que las normas de derechos humanos –el famoso apartado de “Carta de Derechos”- emitidas sean constitucionales.

La postura que colocó el tema competencial como central es la que más fue compartida por los demás ministros. Seis analizaron el asunto desde esta óptica…

El artículo completo puede leerse aquí

1 El primero se resolvió el año pasado, por versar sobre la materia electoral.

2 Sólo la Ministra Luna Ramos fue tajante en cuanto a que no podía crear nuevos derechos.

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