La Suprema Corte y la constitucionalidad de la Constitución de la CDMX (III)

Artículo completo originalmente publicado en NEXOS

Esta semana culminó el debate en la Corte sobre la constitucionalidad de distintos preceptos de la CDMX. Durante las sesiones se abordaron tres temas generales: 1) el alcance o la interpretación de derechos en específico de la CPCDMX, 2) las impugnaciones relacionadas con la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, y 3) las impugnaciones relacionadas con el control constitucional en la CDMX.

En los primeros dos se llegó a una mayoría –a favor o en contra de la constitucionalidad de los distintos preceptos- de forma relativamente rápida. El tema que realmente suscitó discusión, y en donde se entremezclaron materias tanto procesales como de fondo de suma importancia, fue el tercero, a saber, la constitucionalidad de todo lo que abraza el sistema de control de constitucionalidad creado por el Constituyente de la CDMX.

Por lo anterior, repasaré los principales puntos tratados en los dos primeros apartados para analizar, con mayor detalle, el tercero y último, que fue, en mi opinión, el más sustancial.

1) Alcance e interpretación de los derechos en específico.

En este paquete de discusión las cuestiones de constitucionalidad  a resolver a veces resultaban un poco obvias. Por ejemplo, la Corte declaró inconstitucional el precepto que facultaba al Jefe de Gobierno de la CDMX a fijar el tabulador de remuneraciones de los servidores públicos, ya que esta es facultad exclusiva de la legislatura local (lo cual está expresamente plasmado en el artículo 122 constitucional). También se impugnaron algunas cuestiones que eran meros problemas sintácticos cuya constitucionalidad fue salvada con una interpretación sistemática o, bien, declarando inconstitucional una porción normativa que estaba, a todas luces, gramaticalmente fuera de lugar.

Un primer caso de lo anterior sucedió cuando se discutió si la repartición a las alcaldías de las participaciones, aportaciones y demás ingresos de procedencia federal estaban sujetas “a las previsiones de los ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México”. La validez de la disposición se salvó interpretando sistemáticamente la norma: los ingresos federales que deben repartirse a nivel local se encuentran regulados en las leyes federales de la materia y, si el precepto impugnado se lee de una forma no aislada, quedaba claro que así lo reconocía el Constituyente de la CDMX.

Un segundo caso se dio cuando la norma de la CPCDMX (artículo 33, numeral 1) al referirse a la organización de la administración pública se refiere al régimen jurídico de las remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. Después de esto le sigue un enunciado que a la letra dice “Se contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano”, dando a entender que los salario podían ser modificados mediante petición ciudadana. Se quiso salvar la constitucionalidad del precepto argumentando que el concepto de “ajustes razonables” se utiliza normalmente cuando se habla de los derechos de personas con discapacidad y del “acceso a la accesibilidad”, y que así debía interpretarse. Sin embargo, la redacción no dejaba margen de maniobra. Si se dejaba tal como estaba, la interpretación literal resultaba en que ese enunciado calificaba directamente al régimen remuneraciones y percepciones de los servidores públicos, lo cual no puede ser objeto de ningún tipo de ajuste a petición de los ciudadanos.  

También se declaró constitucional la forma como se plasmó el derecho a la identidad. La PGR aducía su inconstitucionalidad porque no reconocía la CPCMX expresamente el derecho de los menores a ser registrados de manera inmediata a su nacimiento y; segundo, porque no contenía la obligación de expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento…

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